Al inicio de la carrera universitaria uno se imagina que le bastará acumular un mérito tras otro en los años venideros para hacerse más adelante un hueco en la Universidad. Sin embargo, esta idea es pueril y muy alejada de la realidad. Los méritos resultan en muchas ocasiones accesorios, en absoluto esenciales para labrarse un futuro como docente e investigador universitario.
Existen muchos factores que propician este fenómeno. Sin duda, uno de ellos es el procedimiento que rige el acceso a los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios, y que la recientemente aprobada reforma de la LOU poco va a cambiar, a pesar de haber eliminado el nefasto sistema de habilitación nacional introducido hace unos años.
Si vemos cómo se han desarrollado algunos concursos de habilitación nacional, no nos quedará más remedio que acordar que el proceder de las comisiones son tan solo el reflejo de cómo han funcionado hasta la fecha (y cómo lo continuarán haciendo) muchos de los concursos de acceso a Profesor Titular y Catedrático.
El punto clave reside en los criterios de valoración de los candidatos que la comisión de cada concurso de habilitación (y de acceso) está obligada a publicar: estos criterios públicos pueden ser tan imprecisos o generales como quieran los miembros de la comisión, y habitualmente quieren. Con ello, se permite que los candidatos puedan ser evaluados de forma imprecisa y general propiciando un oscurantismo en las decisiones tomadas por las comisiones donde puede haber cabida para todo tipo de maniobras arbitrarias, muy alejadas de la objetividad necesaria en todo proceso de evaluación ecuánime.
El régimen legal fue, y continua siendo, demasiado vago al respecto y no uniforma las condiciones ni los criterios sobre los cuales deberán basarse las comisiones en sus decisiones. Sin la obligación de objetivar sus decisiones por escrito en unos informes estandarizados, a imagen y semejanza de otros muchos procesos de evaluación actuales dependientes del Ministerio de Educación, cómo será nunca posible establecer un sistema justo e igualitario.
¿Resulta a estas alturas admisible llamar ‘informe’ a dos escuetas líneas que de la manera más ambigua posible utilizan las comisiones para eliminar a un candidato? Según nuestros dirigentes (pasados, presentes y futuros), sí.
En este régimen legal, que ampara con su imprecisión la parcialidad en las decisiones, no es de extrañar que los integrantes de las comisiones en algunos de estos concursos de habilitación se hayan excedido demasiado en su papel atreviéndose a tratar a los candidatos de forma descortés y vejatoria, rozando incluso la descalificación grosera o el insulto.
Sin embargo, no hay que olvidar que los candidatos agredidos son también profesores e investigadores universitarios y, por lo tanto, este insulto excede al individuo al que ha sido dirigido alcanzando de pleno a la misma Universidad en la que los vejadores son miembros (se supone que) respetados y libres de toda sospecha.
Pero, la verdad, sea dicha, es que poco o nada deberán todos ellos temer pues cuentan con la inagotable pasividad de los candidatos perjudicados que por debilidad, miedo o simple cobardía se dejan primero hacer durante el concurso y luego aceptan resignados unas decisiones a sabiendas indignas para todo aquel que se considere con un mínimo de ética.
Existen muchos factores que propician este fenómeno. Sin duda, uno de ellos es el procedimiento que rige el acceso a los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios, y que la recientemente aprobada reforma de la LOU poco va a cambiar, a pesar de haber eliminado el nefasto sistema de habilitación nacional introducido hace unos años.
Si vemos cómo se han desarrollado algunos concursos de habilitación nacional, no nos quedará más remedio que acordar que el proceder de las comisiones son tan solo el reflejo de cómo han funcionado hasta la fecha (y cómo lo continuarán haciendo) muchos de los concursos de acceso a Profesor Titular y Catedrático.
El punto clave reside en los criterios de valoración de los candidatos que la comisión de cada concurso de habilitación (y de acceso) está obligada a publicar: estos criterios públicos pueden ser tan imprecisos o generales como quieran los miembros de la comisión, y habitualmente quieren. Con ello, se permite que los candidatos puedan ser evaluados de forma imprecisa y general propiciando un oscurantismo en las decisiones tomadas por las comisiones donde puede haber cabida para todo tipo de maniobras arbitrarias, muy alejadas de la objetividad necesaria en todo proceso de evaluación ecuánime.
El régimen legal fue, y continua siendo, demasiado vago al respecto y no uniforma las condiciones ni los criterios sobre los cuales deberán basarse las comisiones en sus decisiones. Sin la obligación de objetivar sus decisiones por escrito en unos informes estandarizados, a imagen y semejanza de otros muchos procesos de evaluación actuales dependientes del Ministerio de Educación, cómo será nunca posible establecer un sistema justo e igualitario.
¿Resulta a estas alturas admisible llamar ‘informe’ a dos escuetas líneas que de la manera más ambigua posible utilizan las comisiones para eliminar a un candidato? Según nuestros dirigentes (pasados, presentes y futuros), sí.
En este régimen legal, que ampara con su imprecisión la parcialidad en las decisiones, no es de extrañar que los integrantes de las comisiones en algunos de estos concursos de habilitación se hayan excedido demasiado en su papel atreviéndose a tratar a los candidatos de forma descortés y vejatoria, rozando incluso la descalificación grosera o el insulto.
Sin embargo, no hay que olvidar que los candidatos agredidos son también profesores e investigadores universitarios y, por lo tanto, este insulto excede al individuo al que ha sido dirigido alcanzando de pleno a la misma Universidad en la que los vejadores son miembros (se supone que) respetados y libres de toda sospecha.
Pero, la verdad, sea dicha, es que poco o nada deberán todos ellos temer pues cuentan con la inagotable pasividad de los candidatos perjudicados que por debilidad, miedo o simple cobardía se dejan primero hacer durante el concurso y luego aceptan resignados unas decisiones a sabiendas indignas para todo aquel que se considere con un mínimo de ética.
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